Si durante todo el 2011 fuimos testigos de cómo el el gobierno de Estados Unidos incautaba dominios relacionados con la infracción del copyright en películas, música o deportes, desde hace unos días parece que la lucha se traslada a la “piratería” en torno a las webs de distribución de aplicaciones.
El gobierno federal parece haber ampliado su campaña de incautación de dominios, hasta ahora coto privado de espacios de descarga directa como Megaupload o webs de intercambio de archivos, caso de Roja Directa.
El nuevo escenario incluiría páginas y webs que supuestamente participan en la infracción de aplicaciones en Android. Hasta tres webs — applanet.net, appbucket.net y snappzmarket.com — han sido incautadas por el Departamento de Justicia siendo reemplazadas por el famoso logo del FBI.
A diferencia del pasado, donde actuaba ICE como parte de la operación “en nuestros dominios”, ahora es el FBI el que actúa directamente.
La razón la explicaba el gobierno en un comunicado de prensa:
Tomaremos fuertes medidas contra la piratería de obras con derechos de autor, incluyendo aplicaciones populares. Será una prioridad de la sala de lo Penal. Las aplicaciones de software se han convertido cada vez más en una parte importante de la economía de nuestra nación y la cultura creativa.
El FBI y sus agentes han descargado miles de copias de aplicaciones populares dispositivos móviles con derechos de autor para verificar las acusaciones contra los sitios.
Junto al FBI, agentes holandeses y franceses también participaron en la operación, una operación que incluía la persecución a los servidores. Según el Departamento de Justicia:
Los servidores de almacenamiento de las aplicaciones vendidas por estos mercados alternativos estaban siendo alojados en otros países, y nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley ayudaron en la obtención o incautación de pruebas almacenadas en estos servidores.
Una nueva situación que podría acarrear más de un problema, Si seguimos las pautas que se dan en las incautaciones del pasado basadas en la PRO-IP Act del 2008, el gobierno deberá convencer al juez de la infracción, es decir, que el sitio está siendo utilizado o destinado a la infracción.
Si el juez está de acuerdo, el nombre del dominio podrá ser incautado. En ese momento el propietario podrá objetar, un proceso que como en el caso de roja directa, podría demorarse meses o incluso años antes de obtener una respuesta en forma de revisión judicial.
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