La lista de descalabros legislativos con respecto al intento de frenar el intercambio de archivos protegidos con derechos de autor no para de crecer. Francia anuncia el clamoroso fracaso de la restrictiva ley Hadopi, pero otros países europeos también comienzan a dar muestra de agotamiento en la imposición de leyes contra el P2P por su nula efectividad. Suecia y Reino Unido van por el mismo camino y sólo Irlanda ha iniciado una pequeña tanda de cartas de aviso para asustar a los internautas. España aún no ha aprobado su ley antipiratería, promete hacerlo en 2011, seguramente con idénticos resultados.
El presidente francés Sarkozy se enconó en la lucha contra la piratería digital y a pesar de los múltiples problemas que tuvo para aprobar su ley Hadopi no cejó en el empeño hasta llevarla a su ejecución legislativa. Las advertencias cataclísmicas que los valedores de esta norma hacían sobre los destinos judiciales de los usuarios que intercambiaran canciones y películas han quedado en agua de borrajas.
Un año después de aprobarse la controvertida ley no hay muestra de éxito alguno. Los internautas siguen campando a sus anchas por los vastos dominios de internet y la piratería no se ha enterado de que el Estado francés les persigue como tigres de barro con dientes de papel.
Después de dos años “cocinando” la que sería la legislación más dura contra el P2P, en septiembre de 2009 el gobierno francés aprobaba la Ley Hadopi. A principios de 2010 la propia Administración contactaba con una agencia para implementar la ley, basada en el sistema de los tres avisos antes de la desconexión de los usuarios. Al día de hoy ningún usuario ha sido desconectado y dentro del propio partido de Sarkozy comienzan a proliferar voces críticas que cuestionan la eficacia de esta ley.
Algunos como Jean-François Copé, afirman que su postura respecto a la piratería “ha evolucionado” desde que votase la ley. Otros como Jean-Claude Larue, representante de un grupo editor de videojuegos, cuestionó el costo que supone rastrear en internet archivos con obras pirateadas: “Monitorizar 100 juegos costaría más de 400,000 euros”, asegura.
Suecia, que dispone de su propia ley antipiratería (IPred) tampoco ha destacado por su eficacia. En un principio también prometía grandes ofensivas contra los internautas pero su intención ha quedado reducida a una simple declaración de intenciones. De hecho, justo al aprobarse la ley, bajaron las descargas, pero una vez superado el miedo inicial, se recuperaron las tasas de descarga que había antes de la ley e incluso aumentaron. Las desconexiones han brillado por su ausencia y los usuarios siguen intercambiando archivos sin problemas.
Además, IPred consiguió que muchos internautas aprendieran a navegar de manera anónima para ocultarse de las amenazas del sistema. Incluso los proveedores de internet han burlado la ley mediante el ingenioso sistema de borrar la IP de sus usuarios. De esta forma eluden la orden del Estado de entregar los datos de los supuestos infractores puesto que no se exige que sean guardados desde la norma IPred; inteligente manera de saltarse las imposiciones.
Reino Unido es otro claro ejemplo de la inutilidad de estas draconianas medidas que sólo sirven para aumentar el conocimiento de los internautas en la evitación de las persecuciones digitales. La Digital Economy Act (ley antipiratería inglesa) ha mostrado tan poca eficacia como sus homónimas vecinas.
Al igual que los sistemas basados en el criterio de los tres avisos, esta legislación británica se centra en establecer ciertos mecanismos tendentes a hacer posible la limitación o supresión de la prestación de servicios de acceso a internet a los clientes de las empresas proveedores de acceso que infrinjan derechos de propiedad intelectual, al tiempo que contempla también la posibilidad de que los tribunales adopten medidas para bloquear sitios de internet a través de los que se infringen tales derechos. Sin embargo, todo sigue igual y el desierto de la ineficacia se ha instalado en el Reino Unido del mismo modo que en el resto de países hermanados en esta táctica coactiva.
Irlanda es el único país que ha iniciado con fuerza su propia ley antidescargas y ya ha enviado 800 cartas de aviso para invitar a los usuarios que dejen de utilizar el P2P para intercambiar archivos. Según esta ley, serán enviados 2 avisos más y si no obedecen, serán desconectados un mes de la Red; en caso de insistir, será un año el que tengan que quedarse sin conexión.
Además de la eficacia ejecutoria del gobierno, un juez ha autorizado a Eircom a que identifique a sus clientes para cortarles la línea en caso de que sean infractores. Aún no sabemos bien cómo han llegado a la conclusión de que las descargas son ilegales, de todos modos, ya comienzan a aparecer proveedores de internet que se revelan contra esta práctica y amenazan con utilizar las tácticas de algunas compañías suecas que borran directamente las IP de sus clientes para evitar que la justicia les exija los datos con los que proceder contra los supuestos infractores.
Los gobiernos y la industria cultural no se han percatado aún de que la solución a la piratería no se encuentra en la criminalización de los usuarios. Medidas tan restrictivas y cercanas a la reducción de derechos fundamentales no sólo no acabarán con el intercambio de archivos sino que provocarán una insumisión generalizada que les puede costar muchos votos a las formaciones políticas.
La sociedad de la información se consolida y la comunicación de datos (de cualquier tipo de datos) se ha convertido en una realidad y un derecho inalienable. Insistir en liquidar este derecho provocará una reacción popular de consecuencias imprevisibles tanto para la propia industria como para los gobernantes. Los políticos lo saben, por eso maquinan estrategias para tratar de contentar a la voraz industria pero a la vez no terminan de implementar sus medidas coercitivas contra la población. La paciencia de los ciudadanos tiene un límite: ¿hasta dónde tensarán la cuerda?
